A pesar de las turbulencias de la economía mundial en el 2007, en el Perú el sector extractivo (minería e hidrocarburos) continuó son su dinamismo mostrado en los últimos años. El contexto favorable de precios y las inversiones realizadas continúan permitiendo obtener importantes utilidades a las empresas y, por ende, el pago de regalías, canon e impuesto a la renta, que han ido acrecentándose cada vez más. Producto de ello, actualmente el Estado recauda de este sector cerca del 30% de todos sus ingresos –cuando en el año 2002 era apenas el 6%–, lo que lo ha convertido en un aporte indispensable para el financiamiento del presupuesto público del Gobierno.
Ahora, las transferencias de los recursos del canon a las municipalidades, gobiernos regionales y universidades públicas, alcanzaron en el 2007 cifras record, lo que acarreó no sólo problemas en la gestión de estos recursos sino el debate sobre la redistribución de los mismos.
Con respecto al Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (Aporte Voluntario), el debate ya no toca solo su tamaño pequeño en comparación a las utilidades de las empresas mineras y su origen controvertido, sino también los problemas que presenta en la ejecución de estos recursos.
Se estima que para el 2018 todas las empresas mineras paguen lo que corresponde a un “cuota” por el trastorno y maltrato de nuestra naturaleza; sin embargo, por ahora solo deberemos conformarnos con que el Gobierno continúe aplazando el hecho de aplicar un impuesta a las ganancias extraordinarias que tienen las empresas, donde los peruanos vemos perdido una ingente cantidad de dinero, dinero que muy bien podría servir en la inversión de infraestructura de más colegios y universidades públicas como de instituciones que ayuden al mejoramiento de la provincia en el que se realiza la actividad extractiva; y también de ciudades vecinas que no cuentan con el “beneficio” de tener yacimientos mineros.
Ahora, las transferencias de los recursos del canon a las municipalidades, gobiernos regionales y universidades públicas, alcanzaron en el 2007 cifras record, lo que acarreó no sólo problemas en la gestión de estos recursos sino el debate sobre la redistribución de los mismos.
Con respecto al Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (Aporte Voluntario), el debate ya no toca solo su tamaño pequeño en comparación a las utilidades de las empresas mineras y su origen controvertido, sino también los problemas que presenta en la ejecución de estos recursos.
Se estima que para el 2018 todas las empresas mineras paguen lo que corresponde a un “cuota” por el trastorno y maltrato de nuestra naturaleza; sin embargo, por ahora solo deberemos conformarnos con que el Gobierno continúe aplazando el hecho de aplicar un impuesta a las ganancias extraordinarias que tienen las empresas, donde los peruanos vemos perdido una ingente cantidad de dinero, dinero que muy bien podría servir en la inversión de infraestructura de más colegios y universidades públicas como de instituciones que ayuden al mejoramiento de la provincia en el que se realiza la actividad extractiva; y también de ciudades vecinas que no cuentan con el “beneficio” de tener yacimientos mineros.
